En España existen distintos programas que facilitan el acceso a la vivienda a menores de 35 años que disponen de una estabilidad económica, pero no del ahorro suficiente para afrontar la entrada de un crédito hipotecario.

Las hipotecas no se entienden sin el ahorro, fundamental para acceder a un crédito hipotecario y convertido en un obstáculo para jóvenes menores de 35 años, especialmente acusado en las grandes ciudades y en las zonas turísticas. Según se desprende de una encuesta del Observatorio Metropolitano de la Vivienda de Barcelona, una de las más tensionadas de España, un 69,9% de personas se decanta por el alquiler debido a la imposibilidad de asumir la entrada para una hipoteca, aunque sí que podrían hacer frente a las cuotas.

Para reducir esta barrera, existen distintos programas de avales públicos que permiten a las entidades financieras conceder hipotecas con un nivel de financiación superior al habitual, facilitando el acceso a la primera vivienda habitual a jóvenes que, pese a ser solventes, no disponen del ahorro suficiente para afrontar la entrada de una hipoteca.

«Alguien que quiera acceder a la vivienda necesita tener ahorrado un 30% del valor de la vivienda que desee comprar. Y esto, para muchos jóvenes, ya es un problema», exponen desde CaixaBank, donde señalan que «encuentran trabajo tarde» y no se pueden independizar hasta que constituyen una base de ahorro. El principal instrumento para facilitar la primera vivienda es la línea estatal de avales gestionada por el Instituto de Crédito Oficial (ICO), los avales ICO, que financian hasta el 100% del valor del inmueble mediante un aval público gratuito los 10 primeros años del préstamo.

Requisitos

Según datos de la Unión de Créditos Inmobiliarios (UCI), el 70% de los españoles desconocía este aval en 2025 pese a que la iniciativa fue lanzada en noviembre de 2024 y que ya había avalado más de 8.500 operaciones hasta el 31 de octubre de 2025.

Los beneficiarios deben tener menos de 35 años o tener hijos menores a cargo. Los ingresos anuales no deben superar los 37.800 euros en el caso de un comprador individual y los 75.600 euros en caso de dos compradores. El precio máximo de la vivienda está establecido por comunidad (por ejemplo, Madrid, 325.000 euros; Catalunya, 300.000 euros; Andalucía, 225.000 euros).

FUENTE: EL PERIÓDICO.